IV CONGRESO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA
PANEL: GOBIERNO ELECTRÓNICO: EXPERIENCIAS EN EL
PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL
EXPOSITOR: ESC. MAURICIO DEVOTO
CONSEJERO
DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
PONENCIA: E-JUSTICIA: hacia la administración electrónica de Justicia.
I.- UN POCO DE HISTORIA
Las
personas utilizan el correo electrónico, el Chat, los teléfonos celulares, los
mensajes de textos para comunicarse y también para realizar operaciones que
involucran consecuencias jurídicas.
Cada
vez más frecuentemente, se cierran contratos por Internet, se envían mensajes
de textos que pueden brindar pistas en la investigación de crímenes, se
utilizan cámaras de seguridad con filmaciones en videos que pueden ser
presentados como evidencia en juicio, en fin, la vida misma transcurre por
Internet y eso no tiene retorno.
En
todo el mundo, los gobiernos han encarado planes estratégicos para ubicarse en
este nuevo escenario. Regionalmente, se han desarrollado políticas públicas en
Europa, en EEUU, en los países más avanzados y también en la región. Sin
embargo, nuestro país presenta una dispar evolución, que arranca tempranamente
con iniciativas pioneras, como la de firma digital en 1998, contrataciones
electrónicas en 1999, el Programa de la Sociedad de la Información en 2000, la Red de Interconexión
Universitaria en 1994, el Convenio de Comunicación Electrónica Interjurisdiccional entre todos los
Superiores Tribunales de Justicia del país del 2000, hasta la parálisis que se
observa actualmente.
La
definición de los gobiernos de una Agenda Digital, vigente en todos los países
de la región salvo Argentina, les permite fijar metas y seguir un rumbo, para
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, desarrollar sus economías,
generar más trabajo, e insertarse en este nuevo escenario donde la sociedad de
la información y los mercados electrónicos constituyen el motor del desarrollo.
Ignorar esto
es negar la realidad. Cerrar los ojos ante el progreso es condenar a las
futuras generaciones a la marginalidad planetaria.
Estos
temas no constituyen una novedad. Podrían celebrarse aniversarios:
- 15 años de la apertura de Internet a la comunidad
global
- 14 años de las primeras Agendas Digitales
- 12 años de la primera ley de firma digital del
Estado de UTA
- 12 años del proyecto de firma digital de
- 13 años de
- 7 años del Programa de
- 6 años del sistema de compras electrónicas de
Este
enfoque, que reconoce el valor estratégico de las TICs como impulsoras del
desarrollo económico, la inclusión social y la modernización del estado, derivó
en la formulación de planes integrales, al más alto nivel político, nivel
presidencial, para definir ejes estratégicos y acciones concretas. Podrían
citarse entre otros, en 1993 el NII (USA) y The IS (UE), en
1998 las 67 medidas de la
Secretaría para la Modernización del Estado dependiente de la Presidencia de Chile,
en 1999 eEurope, a nivel europeo, y posteriormente los planes estratégicos e-México,
el de Brasil, Perú, Bolivia, Uruguay, República Dominicana, Colombia con la Agenda Digital en
2000, etc.
ENFOQUE ARGENTINO: reinventemos la rueda!
En
efecto, no existe una visión que se derive en una cultura de la información, en
una efectiva apropiación de estas herramientas para mejorar la gestión
gubernamental, no existe gobierno electrónico, no hay concepto de economía
digital, no se estimula la participación de nuestras empresas en mercados
electrónicos, ni siquiera hay presencia en Internet, ni del sector público ni
del sector privado, salvo las excepciones de las grandes cadenas
internacionales.
Esto,
que podría ser considerado como una simple opinión, es fácilmente corroborable
mediante una rápida recorrida por los organismos públicos, tanto nacionales
como provinciales. No se ha definido una política pública sobre la inserción de
Argentina en los mercados electrónicos y en la sociedad de la información. Las políticas
que se definieron en el pasado, fueron discontinuadas. No existe en
consecuencia, una entidad de gobierno que nuclee, coordine e impulse el
desarrollo de la sociedad digital en Argentina, ni la definición de una Agenda
Digital. Mientras nuestros hermanos latinoamericanos, por no mirar más lejos,
han sabido definir Agendas Digitales para sus países que son seguidas
meticulosamente, nuestro país anda a la deriva por el ciberespacio, a merced de
los funcionarios de turno que, sin antecedentes en la materia, cuando terminan
de conocer el tema, ya son reemplazados por otros nuevos que tampoco son
expertos, con lo cual siempre se vuelve al punto de partida, que, en un mundo
que avanza constantemente, significa ni más ni menos que un enorme retroceso.
Y
ese retroceso tiene consecuencias concretas muy negativas en la vida de la
gente.
No
poder reclamar por un corte de teléfono, que además deja la vivienda sin
seguridad privada, pone en riesgo la salud, la seguridad, y hasta la vida de la
familia que se quedó sin servicio.
No
contar con policías expertos en tecnologías que secuestren los celulares en una
escena del crimen, tanto de la víctima como de sus allegados, para analizar los
mensajes de texto que no son archivados por la prestadora del servicio de
telefonía celular, puede ser la diferencia entre descubrir al asesino o dejar
un homicidio impune.
Argentina
no cuenta con planes estratégicos, para el desarrollo de TICs, ni para la
disminución de la brecha digital interna y externa, ni para el desarrollo del
gobierno electrónico.
Los
aislados esfuerzos que se han realizado en algunos organismos públicos, muy
loables por cierto, son iniciativas de nivel medio, que no poseen la fuerza que
otorga la decisión política del más alto nivel para permear en otras
organizaciones más resistentes a los cambios.
Sin
embargo, no es que no se hayan aplicado recursos. Proyectos con financiamiento internacional, aportes del
presupuesto, grandes cantidades de consultores, se han gastado muchos recursos
pero se han gastado mal, pues no hay una evaluación de resultados, no hay
resultados concretos, no ha sido más que una forma clientelística de incorporar
personal al estado sin descongelar vacantes.
A
todo ello, se suma la ausencia de un marco legal coherente. Que no tanto por la
incoherencia de las normas en sí, sino que por la inacción gubernamental no ha
podido concretarse, v.g. en el caso de la firma digital, donde a pesar de que
la ley 25.506 ha
sido aprobada en 2001, aún no hay ni una Autoridad Certificante Licenciada, con
lo cual, podemos decir que en Argentina no existe la firma digital.
Dentro
de estas iniciativas dispersas del Estado Nacional, pueden mencionarse:
- Apoyo a
- Contratación electrónica
- Firma Digital
- Plan de alfabetización digital
- Propiedad intelectual del software
- Educ.ar
- Protección de datos personales: ley de hábeas
data, reglamentación y puesta en marcha de la autoridad de aplicación[i]
- Plan Mi Pc
- Plan de Gobierno Electrónico.
Sin
embargo, a pesar de los recursos aplicados, y de la existencia de las
iniciativas mencionadas, no se observa en la gestión cotidiana una mejora de
las prestaciones públicas ni tampoco una inserción de nuestro país en el mundo
digital.
Decididamente,
sí. Nuestro país puede y debe establecer una Agenda Digital que permita
concertar entre los sectores sociales una política de Estado que, trascendiendo
los gobiernos, inserte estratégicamente a la Argentina en la sociedad
de la información y la economía digital. El campo ha dado lo suyo, la industria
está por comenzar su reactivación, pero el futuro no tan lejano son las
industrias sin chimeneas, como el turismo, las TICs, el conocimiento aplicado
la desarrollo. Y además, este desarrollo favorecerá al campo y a la industria
tradicional al abrirle nuevos mercados electrónicos y facilitar su propia
gestión diaria.
Porqué
estimamos que es posible? Porque tenemos todo para hacerlo: recursos aún
disponibles, personas altamente capacitadas y formadas, empresas con
iniciativa, falta la pata del estado para articular intereses y definir una
política pública para el siglo xxi.
Definir
una política de estado requiere la participación de la comunidad para generar
una visión compartida. Esta visión compartida, se derivará en un plan
estratégico, impulsado y liderado por el más alto nivel político, con un
compromiso de todos los niveles. Quizá surjan conflictos, como es de esperarse
en todo proceso de formulación de una política pública, pero no hay que temerle
a los conflictos sino más bien a no hacer nada, pues no hacer implica quedarse,
retroceder, perder oportunidades y este es un lujo que los argentinos no
podemos darnos.
Un
adecuado plan estratégico debería contemplar acciones a corto, mediano y largo
plazo, una reasignación de recursos, una cooperación entre jurisdicciones y
entidades para aprovechar al máximo los beneficios de la tecnología.
Requiere
de la definición de los ejes de la Agenda Digital , que podrían ubicarse alrededor de:
- Inclusión
Digital
- Economía
del conocimiento
- Gobierno
electrónico
Dichos
ejes apoyados en la infraestructura necesaria, física, lógica, organizacional y
legal.
AGENDA DIGITAL PARA LA JUSTICIA
Como
mencionamos anteriormente, el impacto de las TICs en la vida diaria ha
producido un fenómeno que recién comienza a presentarse en tribunales. El uso
de dispositivos electrónicos, el intercambio de correos electrónicos, las
filmaciones de cámaras de video de seguridad, son elementos que lentamente se
están incorporando a los expedientes judiciales.
Y
en ese devenir surgen muchos interrogantes en el ámbito judicial. El impacto de
las TICs puede verificarse en los siguientes aspectos:
- En la gestión cotidiana de tribunales –
expediente electrónico
- En las notificaciones – notificaciones
electrónicas
- En la presentación de medios de prueba
electrónicos - evidencia digital
Actualmente,
el Poder Judicial no ha incorporado el uso de las TICs en ninguno de los
ámbitos señalados. Ello así, por diferentes razones, entre las cuales podemos
citar:
- Inexistencia de infraestructura tecnológica –
conectividad escasa, equipamiento deficiente
- Procedimientos rígidos y antiguos, de dos siglos
atrás – expediente en papel
- Códigos procesales desactualizados
- Cultura ritualista
- Ausencia de visión de los beneficios de
incorporación de TICs
- Auxiliares de la justicia no adaptados al impacto
de las TICs
- Inexistencia de oficinas de preservación de
evidencia digital
- Inexistencia de Manuales o Guías para la
obtención,conservación y presentación de evidencia digital en juicio.
- Ausencia de un plan integral de modernización del
Poder Judicial.
Por
su parte, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut ha
desarrollado una experiencia piloto de notificaciones electrónicas, y cuenta
con un Código Procesal Penal que incluye el uso de medios digitales.
El
Poder Judicial de la Ciudad
de Buenos Aires, cuenta con un moderno Código Contencioso Administrativo y
Tributario que contempla las notificaciones electrónicas en el artículo 115.
“Art.
115º CCAyT: Oficios y exhortos dirigidos a tribunales de la Rrepública.
Toda
comunicación dirigida a tribunales de la Ciudad de Buenos Aires por otros del mismo
carácter, se hace mediante oficio. Las dirigidas a tribunales nacionales o
provinciales, por exhorto, salvo lo que establecieren los convenios sobre
comunicaciones entre magistrados/as.
Pueden entregarse al interesado,
bajo recibo en el expediente, o remitirse por correo. En los casos urgentes,
pueden expedirse o anticiparse telegráficamente, por facsímil o por correo
electrónico.
Se
deja copia fiel en el expediente de todo exhorto u oficio que se libre.”
Asimismo,
el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad dedica, en el
art.1.12 sobre “expedientes”, varios incisos al tema, previendo el uso del
expediente digital para la administración de justicia y las comunicaciones
electrónicas:
“Artículo 1.12.3. La presente
disposición debe complementarse con la incorporación del expediente digital u
otra modalidad de registración fehaciente que los desarrollos informáticos y telemáticos
en curso pongan a disposición del servicio de justicia. A tal efecto, los
magistrados pueden otorgar validez y eficacia equivalente al documento en
soporte papel a otros documentos que contengan textos, imágenes, o sonido,
almacenados o transmitidos por medios electrónicos, informáticos, magnéticos,
ópticos, telemáticos o producidos por nuevas tecnologías, aún los que contengan
actos o resoluciones judiciales, siempre que sea posible garantizar su
autenticidad, integridad y seguridad, aunque no se impriman en papel ni sean
firmados.
1.12.3.1.
Los magistrados e integrantes del Ministerio Público, así como los funcionarios
judiciales pueden utilizar los medios referidos para comunicarse entre sí,
remitiéndose cualquier documento, así como para recibir declaraciones o
testimonios mediante el sistema de video-conferencias u otra tecnología
similar.
1.12.3.2.
Las partes también pueden utilizar esos medios para presentar sus peticiones a
los tribunales, siempre que remitan el documento original en soporte papel
dentro de los tres (3) días siguientes, en cuyo caso la presentación de la
petición o recurso se tiene como realizada en el momento de recibida la primera
comunicación.
1.12.3.3.
Cuando el procedimiento establezca que las partes se expresan oralmente, pueden
emplear como medio auxiliar recursos tecnológicos que permitan proyectar
imágenes, sonidos o texto.
1.12.3.4.
En la medida que los recursos disponibles lo permitan, debe promoverse el
acceso del público a la información referida a la tramitación de expedientes,
mediante medios informáticos, telemáticos o producidos por nuevas tecnologías.”
III.- CONCLUSIONES
Como
conclusión podemos mencionar que el camino de la justicia electrónica recién se
inicia. Creemos que a partir de la
informatización del Consejo, podremos demostrar que el uso de los medios
digitales contribuyen a facilitar la labor de funcionarios y magistrados del
poder judicial de la ciudad.
Otras
experiencias servirán de modelo a seguir, para implementar notificaciones
electrónicas con particulares e
intercambio de información con otras jurisdicciones.
El
paso siguiente es diseñar una política de fortalecimiento del poder judicial
porteño, para incorporar la tecnología en la función judicial. Asimismo, y en
paralelo, trabajar en los cambios normativos procesales necesarios para
incorporar los medios electrónicos de prueba en el proceso.
Sin
embargo, para garantizar los resultados, hace falta una adecuada difusión y capacitación
en todos los niveles, actuando en forma sinérgica con otras jurisdicciones.
[i] Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Muy buen aporte Paula! Felicitaciones!
ReplyDeleteMuy interesante.
ReplyDeleteGracias por informarnos